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Así lo han denunciado desde la Asociación de Madres y Padres del Alumnado Tayarat de este centro educativo, cuyos responsables, según ha informado el Ayuntamiento de Huétor Tájar en una nota de prensa, "señalan que el comedor debería contar con nueve monitores para poder prestar servicio este curso según marca la ley, debido a las necesidades de higiene y distanciamiento social derivadas del coronavirus, pero la Junta solo ha contratado a seis".

Por lo tanto, la dirección del colegio "nos dice que no pueden poner en marcha el comedor -que cuenta con cocina propia, porque no es un catering externo- hasta que la Junta de Andalucía solucione este problema de personal, que está causando graves problemas de conciliación a los más de 200 alumnos del centro que son usuarios del servicio de comedor", ha señalado la concejal de Educación de Huétor Tájar, María Dolores López.

"Aunque el servicio de comedor es responsabilidad de la Junta, desde el Ayuntamiento hueteño mostramos todo nuestro apoyo a la comunidad educativa del colegio San Isidro Labrador, que han enviado dos escritos distintos a la Consejería de Educación denunciando esta situación, sin que les hayan dado ni siquiera una respuesta todavía", ha denunciado la edil.

"Queremos instar a la Junta de Andalucía a que de una vez por todas asuma su responsabilidad y solucione este grave problema en nuestro colegio, porque precisamente este año, cuando debido a la pandemia de coronavirus las familias más necesitan a esta Administración, los han dejado abandonados a su suerte, sin ofrecerles ninguna solución ni alternativa posible", ha finalizado.

Según ha explicado la portavoz adjunta del Grupo Popular en la Diputación de Granada, Carmen Lidia Reyes, en una nota de prensa, el camino de Carlonca "es el único acceso posible a una zona emergente en este momento, en lo referido a la generación de empleo".

En torno a la rambla de Carlonca, se encuentran situadas una serie de explotaciones agrarias y ganaderas, que suponen para la zona "el principal yacimiento de riqueza y fuente de empleo".

"Esta zona se está viendo dañada por la dificultad que supone el acceso a dichas explotaciones, sumado al coste y riesgo que acarrea para la comercialización de los productos agrícolas", ha indicado Reyes.

Por ello, el Grupo popular pedirá al gobierno de la Diputación de Granada, del PSOE, la ejecución de una nueva incorporación del camino de la rambla Carlonca a la carretera autonómica A-4126 que permita "una mayor visibilidad y mejore las condiciones para el acceso a las fincas, así como la incorporación a la carretera de los vehículos que circulen por la zona".

"Todo ello con la intención de mejorar la viabilidad y la competitividad económica de las explotaciones a las que sirve", ha apostillado Reyes, quien ha resaltado que el municipio de Ugíjar, como tantos otros de la zona, se encuentra "amenazado" por el paro, la pobreza y la despoblación.

"Son estas iniciativas agrícolas y ganaderas las que están permitiendo fijar la población al terreno en unas circunstancias nada fáciles, por lo que entendemos que es necesario ese esfuerzo y colaboración por parte de la Diputación de Granada de forma que los vecinos puedan desarrollar sus iniciativas laborales en unas condiciones óptimas", ha aseverado la portavoz adjunta.

"Nos preguntamos por qué el delegado ausente Pablo García, que ahora tiene más tiempo para dedicarle a las labores instituciones y no a los líos internos de su partido, aún no ha contado en qué consiste este plan y cuáles son los criterios que lo sustentan", ha manifestado la secretaria de Política Municipal, Olga Manzano, que ha criticado que esta iniciativa "carezca" de memoria económica.

En una comparecencia informativa junto al parlamentario andaluz socialista Gerardo Sánchez, la secretaria de Política Municipal también ha instado al responsable del Gobierno andaluz a que "salga de su escondite de una vez y resuelva los verdaderos problemas de la ciudadanía".

Desde que comenzó la pandemia, ha señalado la dirigente socialista, "no lo hemos oído hablar sobre las incidencias que caracterizan el inicio de curso escolar, ni sobre el caos sanitario o la situación que atraviesa la atención primeria".

Pero tampoco, ha precisado, "hemos oído a Pablo García dar una explicación sobre los contagios en las residencias de mayores o en el Hospital Virgen de las Nieves u ofrecer una solución para resolver las carencias en materia de transporte interurbano de la provincia".

"Es más, ni siquiera se ha sentado" con los alcaldes que "le han pedido amparo y que mediara para que la Consejería de Educación no les pidiera que asumieran en solitario la desinfección de los centros escolares", ha subrayado durante su intervención, tras lamentar su "nulo" interés por la realidad que vive la provincia en este momento.

Así las cosas, para la dirigente socialista, sería conveniente que García "pusiera los pies en el suelo y se diera un baño de realidad y de camino detallara los criterios que el plan Andalucía en Marcha contempla para que la provincia vuelva a la senda de crecimiento".

"Queremos saber por qué contemplan unas actuaciones y otras no, por qué se han recogido obras que ya estaban incluidas en presupuestos anteriores, por qué se han excluido algunas de las grandes promesas del PP y del Gobierno andaluz para Granada y por qué no se han primado los proyectos sanitarios o educativos que son las más relacionadas con la pandemia y donde hace aguas la gestión de la Junta, entre otras cuestiones relevantes", se ha preguntado.

"Desde el PSOE consideramos que este plan es un mero listado de actuaciones con el que pretenden tapar las consecuencias de los recortes y las nefastas políticas de las derechas del Gobierno andaluz", por lo que ha insistido en la necesidad de que la Junta arroje "claridad".

Por su parte, el parlamentario andaluz Gerardo Sánchez ha calificado de "fraude" el plan Andalucía en Marcha, al "no estar respaldado" por una memoria económica que detalle la financiación, la cuantía exacta de cada actuación o los plazos e inicio de las obras, entre otros aspectos.

"No se puede calificar como plan un anuncio de obras, un acto propagandístico montado a lo grande que no tiene detrás nada con qué sustentarlo", ha dicho Sánchez para denunciar que la Junta tenga previsto invertir 900 millones de euros al año en Andalucía, "poco más de cien millones de euros para la provincia, hasta 2023. Un hecho preocupante y una partida insuficiente, toda vez que no se contempla ni un solo euro dentro del marco de colaboración público-privado".

Según ha concretado, lo "realmente sorprendente" es que figuren obras que ya están en marcha como la carretera de Loja-Ventorros, "adjudicada y en obras desde 2018 gracias al impulso del anterior Gobierno socialista"; o la ampliación de la Estación de Depuración de Aguas Residuales Los Vados, "en la que se está trabajando desde hace semanas".

"Lo tercero que nos escandaliza es que el Gobierno de Moreno Bonilla se haya olvidado de muchas actuaciones de las que el propio PP habla y promete y no aparecen en este plan, caso del hospital comarcal de Órgiva o el área logística de Motril.

Sánchez ha lamentado que "desaparezcan" obras importantes para la provincia. Es un "varapalo para los intereses de nuestra tierra, que contrasta con la acción del Gobierno de España para hacer efectiva" la llegada de la Alta Velocidad a Granada y "la adaptación de la vía a su paso por Loja para contar con un AVE de verdad".

Ha destacado también el compromiso del Ejecutivo con "la creación del consorcio del acelerador, proyecto al que recientemente ha destinado 16,3 millones; el impulso a la Línea Caparacena-Baza-La Ribina o destinando los primeros 50 millones de euros a las canalizaciones de Rules".

Por último, ha confiado en que, "al margen de gestionar la crisis que atraviesa el PP a nivel provincial y de coquetear con la ultraderecha de Vox", su nuevo presidente, Francisco Rodríguez, "saque un momento para reclamar inversiones y actuaciones" para los granadinos. "Así se lo exigimos porque esta provincia y su gente lo necesita y lo merece", ha concluido.

El informe recoge las interrupciones de suministro eléctrico que han registrado estas entidades a través de la página web 'nomascortesgranada.org' desde el 6 de abril hasta el 6 de septiembre de este año en el distrito Norte, según han informado en una nota de prensa en que consideran que esta cifra representa "un tercio de las que realmente se producen" según su estimación.

Como anuncian en el propio informe, "el objetivo es visibilizar y aunar en un único recurso a disposición de la ciudadanía los cortes diarios de luz que sufre distrito Norte desde hace más de diez años".

De esta manera, en estos primeros cinco meses han documentado un total de 422 cortes de suministro, aunque estiman que "se han producido al menos 1.200".

Esta diferencia tiene que ver con las limitaciones del estudio, ya que, tal y como reconocen, "hay muchos cortes de luz que no logramos registrar porque no nos informan o porque la información que nos dan es incompleta y no permite que sea introducida en nuestra base de datos".

No obstante, en cuanto a los datos registrados advierten que "si se suma la duración de todas las interrupciones de suministro eléctrico que hemos registrado en estos meses, las calles del distrito Norte han permanecido sin luz 2.076 horas o, lo que es lo mismo, 86 días o casi tres meses".

Además, aunque la duración de los cortes es variada, el 15 por cientos de los mismos (66 interrupciones) es de más de diez horas, y se han llegado a producir "al menos dos cortes de 58 horas".

El trabajo incide en que "la calle Molino Nuevo ha sufrido cortes de luz el 42 por ciento de los días", y las ONG afirman saber "fehacientemente que el porcentaje es mayor por la información ofrecida por colectivos de la zona".

Han remitido este informe a todas instituciones que forman parte de la mesa técnica contra los cortes de luz. Entre ellas, se encuentran el Defensor de la Ciudadanía, el Ayuntamiento de Granada, el Defensor del Pueblo Andaluz o la Subdelegación del Gobierno. Por último, también han enviado el documento a Philip Alston, Relator especial de la ONU para la pobreza extrema.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes consultadas en la Policía Local de Granada, que han señalado que la actuación de mayor envergadura tenía lugar el pasado sábado cuando hubo de desalojar una fiesta por la celebración de un bautizo y una comunión en un cortijo del entorno de la Vega con 270 asistentes sin mascarillas.

El viernes por la noche, la Policía Local atendió más de 160 requerimientos ciudadanos solicitados a través de los teléfonos de emergencias 092 y 112, principalmente por fiestas y ruidos en domicilios y botellones en la vía pública.

Por fiestas en viviendas interpuso nueve denuncias, y se hizo lo propio, además de por los cuatro botellones señalados, con un establecimiento de ocio nocturno, de un total de 290 controlados, "por incumplimiento del horario de cierre, ya que se encontraba abierto al público y con clientes en su interior a las 1,40 horas", lo que contraviene la normativa de la Junta para frenar la propagación del coronavirus.

Ya el sábado en la noche, las denuncias de la Policía Local ascendían, tras la recepción de 201 requerimientos telefónicos en el 092. Se derivaron de estas llamadas un total de 111 servicios.

Hubo 266 establecimientos controlados, nueve denuncias por no hacer uso de la mascarilla, además de las 31 citadas por botellón, y de tres establecimientos, uno por carecer de licencia de actividad y dos bazares por vender alcohol fuera del horario permitido.

Las denuncias por fiestas y ruidos en domicilios ascendieron a 19 el pasado sábado por la noche. Sobre esta problemática, en un momento en que las administraciones estudian nuevas acciones para frenar la propagación de la pandemia de covid-19, se ha pronunciado este lunes el PSOE en el Ayuntamiento de Granada.

EL PSOE PIDE UN PLAN ANTIBOTELLÓN

En este sentido, el PSOE ha exigido al equipo de gobierno, de PP y Cs, la elaboración inmediata de un plan para controlar los botellones tras otro fin de semana de "descontrol en las calles de Granada, y sobre todo en pisos particulares".

La viceportavoz del grupo municipal socialista Raquel Ruz ha acusado al gobierno del alcalde de Granada, Luis Salvador, "de mirar para otro lado, y no asumir sus competencias en plena emergencia sanitaria, además de permitir que se relajen las medidas de prevención en espacios públicos".

La edil ha detallado que la situación "es alarmante", y ha apuntado a que todas las llamadas a la Policía Local "lamentablemente no pueden ser atendidas por la falta de efectivos". Para la edil socialista, la situación "está tan descontrolada que espera que en los próximos días se pueda establecer un plan especial de contención de botellones, con dispositivos similares a los especiales que se hacen en Semana Santa, Navidad o Corpus".

En un comunicado, esta plataforma ha calificado de "actitud irresponsable y sectaria" la del gobierno municipal, de PP y Cs, que sacó adelante en el Pleno del pasado viernes los festivos locales de 2021 para el Día de la Toma, y el Corpus Christi, el 3 de junio.

Para Granada Abierta, mantener como festivo el 2 de enero "favorece el avance de la extrema derecha y daña la imagen exterior de la ciudad", pues "los grupos de ultraderecha consideran el Día de la Toma como su nuevo 18 de julio, que utilizan para hacer islamofobia contra la comunidad inmigrante".

Por tanto, según esta plataforma, "el 2 de enero, Granada deja de ser una ciudad intercultural, para convertirse en capital de la intolerancia". Así, a su entender, "por dignidad política y coherencia democrática, el gobierno municipal tiene la obligación moral de cambiar esta fiesta excluyente por otra que fomente los valores de convivencia y solidaridad, y en la que pueda participar toda la ciudadanía granadina".

En este sentido, Granada Abierta se ha congratulado del voto de Podemos-IU en el Ayuntamiento de Granada, "favorable a cambiar la Toma por Mariana Pineda", y ha lamentado la posición del grupo municipal del PSOE que, "un año más, ha contribuido a mantener esta fiesta racista y xenófoba, impropia del socialismo democrático que dice representar".

Así consta en un bando, emitido por la alcaldesa, Rosana Molina, el pasado jueves, y que sigue vigente, después de que, según indicó la regidora al municipio en su cuenta de Facebook, consultada por Europa Press, se sumaran este domingo seis nuevos positivos en una de las familias confinadas desde el pasado viernes, todos asintomáticos y en cuarentena.

Las otras dos familias que estaban confinadas por el brote que afecta a Zafarraya dieron negativo en las pruebas que se les practicaron. Los datos de Salud y Familias facilitados por el Instituto Andaluz de Estadística y Cartografía tiene contabilizados en Zafarraya 12 casos confirmados por PCR, diez de ellos en los últimos 14 días, lo que supone una tasa de incidencia acumulada de 467,9 (por cada 100.000 habitantes). Consta un curado, sin fallecidos.

El bando también mantiene suspendidas las actividades deportivas y el mercadillo, y prohibido el uso de los parques infantiles, y las dependencias del Ayuntamiento, que ha reforzado las labores de limpieza y desinfección, están cerradas al público

En Zafarraya, el Ayuntamiento y el equipo directivo del colegio Enrique Tierno Galván pidieron hace una semana a las familias que no llevaran a los niños al colegio por un brote intrafamiliar de covid-19 con siete positivos, una petición que el Consistorio vuelve a explicitar en el bando por el que pide el autoconfinamiento voluntario de la población.

Así lo ha señalado en una nota de prensa la vicepresidenta tercera de la Diputación y diputada provincial de Bienestar Social, Olvido de la Rosa, quien ha agregado que los "recortes" del Gobierno andaluz "impiden" a las entidades locales desarrollar programas dirigidos a los sectores más vulnerables de la población.

Según de la Rosa, las subvenciones permitían a la Diputación de Granada y a los ayuntamientos desarrollar un programa de refuerzo de los Servicios Sociales Comunitarios para la intervención e integración social de la población inmigrante.

Desde hace años, el citado programa "ha estado cofinanciado por la Junta de Andalucía, a través de las convocatorias anuales de subvenciones", pero este año, la Administración autonómica "ha suprimido esas subvenciones", ha señalado.

Ha indicado que no se trataba de grandes cantidades. En 2018, la Diputación solicitó a la Junta más de 90.200 euros para desarrollar ese programa, al que la Junta tan solo destinó 19.280 euros, frente a la aportación de la Diputación, superior a los 23.000 euros.

En 2019, la cantidad aportada por la Junta de Andalucía fue similar (18.300 euros) y la Diputación aportó 22.961. "Este año, en la orden reguladora de subvenciones de la Junta del pasado 30 de agosto, la partida destinada a programas se queda en cero euros y los únicos fondos que destina el Gobierno andaluz para personas inmigrantes y emigrantes temporeras andaluzas y sus familias asciende a 50.000 euros para equipamiento", ha precisado.

"El programa que el Gobierno andaluz se ha negado a financiar este año tiene como objetivo reforzar el equipo de intervención social de la red de Servicios Sociales Comunitarios en el Centro de la Costa por tratarse de la zona que aglutina más población inmigrante", ha afirmado la diputada de Bienestar Social.

El Centro de Servicios Sociales Comunitarios de la Costa comprende los municipios de Salobreña, Lobres, Molvízar, Jete, Lentejí, Otívar, Los Güájares, Ítrabo, Vélez Benaudalla, Torrenueva, Albuñol, Polopos-La Mamola, Rubite, Lújar, Carchuna-Calahonda y Gualchos-Castell de Ferro.

El Programa de Refuerzo de los Servicios Sociales Comunitarios para la intervención e integración social con población inmigrante que se ha venido desarrollando incluye acciones de asistencia social y jurídica, reagrupación familiar, gestión de la asistencia jurídica gratuita, empadronamiento normalizado y por omisión; acciones encaminadas al arraigo social y laboral y otras actuaciones dirigidas a lograr la plena escolarización de los hijos de los inmigrantes en edad escolar así como de sus progenitores en educación de adultos.

Además, el programa trata de promocionar la integración laboral de esta población para conseguir su incorporación en el mercado de trabajo, así como promover el alojamiento normalizado y en aceptables condiciones de habitabilidad, potenciar la participación social de los inmigrantes en las diferentes actividades culturales, sociales y de desarrollo comunitario de la zona donde se encuentran conviviendo y lograr una convivencia intercultural normalizada evitando actitudes de rechazo, racismo y xenofobia.

"En definitiva, se trata de un programa dirigido a la prevención de situaciones de exclusión social y pobreza y a fomentar los valores de cooperación, solidaridad, democracia y actitudes tolerantes", ha señalado De la Rosa.

En este sentido, ha afirmado que es necesario reforzar los programas dirigidos a la prevención de situaciones de vulnerabilidad y desarrollar actuaciones específicas orientadas a minorías étnicas e inmigrantes, bajo la perspectiva de la diversidad cultural.

"La integración es un tema que afecta a la sociedad en su conjunto", ha agregado. En su opinión, es necesario realizar esfuerzos, tanto por parte de los inmigrantes como de la población autóctona para lograr conseguir una verdadera cohesión social.

De la Rosa, que ha destacado el papel de las entidades locales para favorecer esa cohesión y la inclusión social, ha indicado que la Diputación va a continuar con esta importante tarea, aún sin el apoyo económico de la Junta de Andalucía que, curiosamente, "está dejando sin financiación los programas dirigidos a los colectivos más vulnerables".

Así, ha resaltado que ya el pasado año redujo en un 65,2 por ciento la cuantía de las subvenciones destinadas a los programas de atención a la comunidad gitana, que descendió de los 23.000 euros de 2018 a 7.901 euros en 2019. "No sabemos lo que harán con esa línea de subvenciones este año, pero nos tememos lo peor visto que el compromiso de las derechas que gobiernan en Andalucía con las políticas sociales y de igualdad consiste en suprimir y recortar los fondos que los ayuntamientos han tenido para desarrollar programas de integración", ha añadido.

La diputada de Bienestar Social ha señalado que, además de la cofinanciación del programa para la atención de personas inmigrantes, la Diputación viene prestando un servicio jurídico especializado de extranjería en la provincia a través de un contrato de colaboración con Granada Acoge, servicio que incluye acciones de información y orientación sobre los recursos sociales existentes y atención especializada a personas inmigrantes en asuntos jurídicos en materia de Extranjería así como apoyo a la población inmigrante en el desenvolvimiento burocrático.

Por su parte, la alcaldesa de Albuñol, María José Sánchez, ha señalado que estos recortes son "un varapalo más de la Junta de Andalucía, que se olvida de estos territorios". Sánchez ha recordado que en su municipios casi el 40% de la población es inmigrante, y que, con su decisión, "la Junta obliga al municipio a asumir a través de fondos propios un servicio esencial para la ciudadanía". "Una vez más la Junta de Andalucía vuelve a a dejar solos a los ayuntamientos", ha insistido.

Concretamente, tal y como ha informado el máximo responsable municipal durante la firma del acuerdo, los escolares de más de 300 familias en situación de vulnerabilidad de los distritos de Beiro, Ronda y Centro contarán con apoyo pedagógico, a la vez que se les dotará de los medios necesarios, "ya sea conexión a Internet o la entrega de dispositivos electrónicos, de tal manera que puedan afrontar sin problemas el acceso a las nuevas tecnologías".

Informan en una nota de que con un importe de 15.000 euros y dentro del Plan de Atención Integral a Colectivos Vulnerables, el convenio tiene por objeto "atender las necesidades de equipos y medios informáticos a los menores pertenecientes a familias en situación de necesidad y que sean usuarias de los Servicios Sociales municipales", a la vez que se les proporcionará apoyo educativo a aquellos alumnos con dificultades en el aprendizaje.

Salvador ha destacado igualmente "el esfuerzo y la rapidez con la que desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Granada estamos dando respuesta a las necesidades generadas por esta crisis sanitaria entre las personas más vulnerables de nuestra ciudad".

Tras resaltar que la "velocidad inusitada" con la que la presente crisis sanitaria está afectando a la economía mundial, el alcalde ha indicado que el encomiable esfuerzo con el que los servicios sociales comunitarios están atendiendo, "no sólo a las personas más vulnerables, sino también desde el Ayuntamiento de Granada estamos dando respuesta a un gran número de necesidades sobrevenidas en la población más normalizada".

En este sentido, Zafra ha reiterado el compromiso de la Fundación La Caixa y de CaixaBank con Granada, con especial atención a los colectivos más vulnerables, a los que, tal y como ha indicado, "seguiremos dando respuestas a sus necesidades básicas a través de programas sociales, educativos, culturales, científicos y medioambientales, con una vocación transformadora, dirigidos a construir una sociedad mejor y más justa".

A su vez, dentro del citado convenido, se contempla la entrega entre los alumnos granadinos de lotes de material escolar en colaboración con el Ayuntamiento, atendiendo a las distintas edades de los alumnos y a las necesidades de los colectivos beneficiarios de esta acción.

Según una nota de Guardia Civil, los hurtos se produjeron entre el día 11 de septiembre y la madrugada del día 12, cuando los jóvenes investigados, a lo largo de ese día, en sus correrías por la localidad de Otura encontraron, al menos, cuatro coches abiertos y sustrajeron cuanto de valor había dentro: un gps, un botiquín, una navaja, baterías para teléfonos móviles, dos carteras con la documentación personal de las víctimas, una tarjeta de crédito y 570 euros.

En una de las carteras sustraídas había una tarjeta de crédito con la que los jóvenes aprovecharon que no es necesario poner el PIN de seguridad para hacer compras inferiores a los veinte euros y realizaron varias compras en un establecimiento de la localidad.

La Guardia Civil de Armilla al día siguiente comenzó a recibir a las víctimas que querían denunciar el hurto que habían sufrido. Los agentes del Área de Investigación se hicieron cargo de las pesquisas y averiguaron dónde habían realizado las compras con la tarjeta sustraída y tras revisar las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del establecimiento, con la ayuda de un policía local de Otura. Identificaron a los tres jóvenes sospechosos.

La Guardia Civil ha localizado a los jóvenes y solo ha podido recuperar lanavaja hurtada en uno de los coches.

En un comunicado, la socialista ha avanzado que los vecinos han solicitado una cita con el equipo de gobierno para trasladarle la situación, "pero no han recibido respuesta". Para la edil, "es lamentable la situación del barrio y la parálisis de equipo de gobierno, máxime cuando hablamos de uno de los barrios más históricos de la ciudad, y con las mejores vista del Albaicín".

Ruz ha apuntado que "nos hemos encontrado un barrio abandonado a la suciedad que ya suele ser habitual en nuestra ciudad, a lo que se le une matorrales por falta de mantenimiento que alcanzan casi el metro de altura". En este sentido, se ha referido a la falta de conservación de los pavimentos, con grandes hoyos, que supone un peligro para los viandantes y reiteramos, una suciedad alarmante".

La dirigente socialista ha explicado que los vecinos no pueden dormir "por esa proliferación de botellones, que desde hace más de un año no están siendo controlados, por la falta de presencia policial en la calles".

Al respecto, ha condenado "el estado del barrio" y ha exigido que de manera inmediata el equipo de gobierno de Luis Salvador disponga un plan de recuperación de nuestro patrimonio, pero, sobre todo, de un barrio tan especial como es este, donde los vecinos tienen el derecho a poder descansar, y convivir con servicios de mantenimiento y limpieza".

Para concluir, Ruz ha pedido a Salvador que reciba a los vecinos, escuche sus quejas, "y tome medidas urgentes, al igual que tiene que hacer en el resto de barrios, con graves deficiencias por la dejadez que padecen desde hace un año".

Según ha apuntado su director gerente, Joaquín Rubio, en un comunicado, la corporación considera que "los desempleados mayores de 45 años no pueden quedarse al margen de la transformación digital que han de acometer las empresas granadinas, lo que además mejorará su acceso a nuevos puestos de trabajo".

El proyecto, denominado PICE 45+, es una continuidad del exitoso Programa de Cualificación y Empleo de la Cámara, dedicado a jóvenes menores de 30 años, y por el que han pasado más de 3000 chicos y chicas a lo largo de los últimos cuatro años.

"Vamos a poner toda la experiencia que hemos adquirido trabajando con jóvenes y pulsando las necesidades de las empresas granadinas, al servicio de un sector de población, los desempleados mayores de 45 años, a los que la crisis del Covid-19 les afecta mucho y que pueden encontrar dificultades para reengancharse al mercado laboral", ha apuntado Rubio.

Por lo pronto, Cámara Granada lanzará cursos orientados a la mejora de las competencias digitales de ese colectivo, "puesto que todas nuestras prospecciones del mercado laboral nos indican que es una de las grandes deficiencias de ese prefil de trabajadores".

Los cursos, completamente gratuitos, tendrán dos niveles de profundidad y serán de 50 horas el básico y de 100 horas el avanzado. Cámara Granada los programará en su sede, en Granada capital, pero en estos momentos está en conversaciones con distintos ayuntamientos de la provincia al objeto de replicarlos en distintas comarcas "para hacerlos más accesibles a todos los granadinos".

Los contenidos de estos programas formativos irán desde el uso de herramientas digitales para elaboración y envío de currículos, y en general para la mejora de la empleabilidad, hasta el dominio de los habituales paquetes ofimáticos, pasando por el manejo y monitorización de las redes sociales o de las herramientas de diseño, elaboración o gestión de blogs y webs.

"Desde todas las instancias les estamos diciendo a las PYMES que tienen que adoptar procedimientos y herramientas digitales. Por eso manejarlas y desenvolverse con eficacia en esos entornos es indispensable para cualquier trabajador, casi en cualquier sector", ha señalado el director gerente de Cámara Granada.

"Los trabajadores más jóvenes dominan más esas competencias por lo que este programa intentará equipar a los mayores de 45 años, ayudándoles a adquirir esos conocimientos", ha concluido Rubio. La información sobre los cursos del PICE45+ está ya disponible en camaragranada.org.

En una nota de prensa, los diputados nacionales del PP de Granada Carlos Rojas y Pablo Hispán han advertido que dicha cifra "prueba que el PSOE ha hecho una campaña a bombo y platillo pero a la hora de la verdad es incapaz de ejecutar las medidas aprobadas".

Así, exigen al Ejecutivo socialista "más sensibilidad con quienes lo están pasando mal" y han trasladado que reclamarán información en el Congreso de los Diputados sobre los motivos por los que esta medida "lejos de ser efectiva" se ha "enquistado" y "el 90 por ciento de las solicitudes no han sido atendidas".

En esta línea, solicitarán datos concretos para conocer "cuántas familias granadinas han podido acceder al mismo, cuál es el dato desagregado en todos los municipios de la provincia y qué porcentaje representan de entre el total de los solicitantes".

Todo ello en el contexto de la acción llevada a cabo por el Partido Popular a nivel nacional respecto a este tema, en virtud de la cual han exigido la comparecencia de José Luis Escrivá porque dicha medida "ha pasado de ser el proyecto estrella del Gobierno a ser su proyecto estrellado".

"DOBLE VARA DE MEDIR DE PSOE Y PODEMOS"

Igualmente, el PP de Granada trasladó el pasado viernes esta cuestión al Ayuntamiento de la capital "donde PSOE y Podemos han quedado retratados votando en contra de la moción presentada para el grupo municipal del PP para exigir al Gobierno mayor agilidad en la tramitación y resolución del IMV así como el número de solicitudes atendidas en Granada".

La iniciativa, a pesar de PSOE y Podemos, ha salido adelante y se ha constatado que "esa es la doble vara de medir del socialismo y los populistas, mucha pancarta pero a la hora de la verdad se pliegan a los intereses de su partido y votan en contra de defender a quien más lo necesita".

Los diputados granadinos también reclamarán al Ejecutivo socialista conocer "cuál es el montante total de ayudas a trabajadores autónomos efectivamente desembolsado hasta la fecha en la provincia de Granada, en el marco del ámbito normativo desplegado para combatir los efectos de la situación generada por la Covid-19", además del número de autónomos que habrían recibido estas ayudas.

Tal y como ha aseverado Rojas, "el Gobierno de Sánchez ha alardeado desde el inicio de la pandemia de velar porque nadie se quede atrás pero los datos demuestran que sus discursos no se sostienen por falta de correspondencia con los hechos".

El diputado ha incidido también en que desde su formación, "advertimos y reclamamos al Gobierno que la puesta en marcha del IMV requería el refuerzo de medios y personal para evitar el colapso burocrático que hoy lamentamos". "Pero lejos de hacernos caso, el PSOE ha dedicado sus esfuerzos, como siempre, al marketing y las fotos; lo que ha derivado en un colapso administrativo que hace que las ayudas no lleguen tal y como fueron anunciadas", ha agregado.

"Desde el PP ya le advertimos que, para poner en marcha este plan, había que reforzar medios y personal", ha añadido Hispán, quien ha considerado que "la falta de gestión y organización del Gobierno de Sánchez respecto a la tramitación del IMV es tan grande que las ayudas no llegan como fueron anunciadas". "Ya sabemos que el PSOE es un experto en el autobombo pero es indecente que se centren en sus campañas de fotos y marketing cuando hay familias que lo están pasando mal, menos propaganda y más rigor y eficacia en la gestión", ha declarado.

Según explica la edil en un comunicado, una lámpara funciona una media de 4.300 horas al año, teniendo mayor desgaste durante la noche. Cuando las lámparas superan su vida útil, es decir, cuando su flujo luminoso desciende por debajo del 80 por ciento, es necesario proceder a su renovación motivo por el cual se ha activado esta reposición programada.

"Nos vamos a centrar especialmente en las vías públicas de mayor densidad de tráfico y en las calles donde se detectan niveles bajos de iluminación", ha dicho Martín, quien ha agregado que "estos trabajos se complementan con la limpieza de los reflectores y los cristales lo que, en su conjunto, supone "un aumento de los niveles de iluminación de las vías urbanas de hasta el 30 por ciento así como la reducción de fallos por lámparas apagadas".

El importe económico de los trabajos asciende a 68.225,16 euros y se dividen en los ocho distritos de Granada atendiendo a las peticiones realizadas por las asociaciones de vecinos. Así, en esta reposición se va a proceder a la sustitución de 534 lámparas en Beiro, 236 en Centro, 46 en Chana, 136 en Genil, 64 en Norte, 201 en Ronda y 366 en Zaidín.

No obstante, la concejal de Mantenimiento ha asegurado que el Ayuntamiento continuará realizando trabajos de reposición según se detecten zonas que así lo requieran así como para dar respuesta a las peticiones ciudadanas.

"Este equipo de gobierno escucha a los vecinos y gracias a esta relación fluida, el área de Mantenimiento trabaja cada día en la mejora de la ciudad de Granada", ha dicho Martín, quien ha recordado que los granadinos tienen múltiples vías para ponerse en contacto con el Ayuntamiento. Entre otras, ha destacado el papel de las Juntas de Distrito como vías de comunicación pero también la app Granada Mejora o el teléfono 010 siempre al servicio de las reivindicaciones ciudadanas.

En una visita, la alcaldesa de Las Gabias, María Merinda Sádaba, ha explicado al delegado de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta en Granada, Gustavo Rodríguez, que con estos recursos se han reparado las canalizaciones de agua y acequias dañadas.

Rodríguez ha conocido los trabajos realizados con estos fondos con los que la Junta de Andalucía quiso colaborar con las entidades locales "al ser la primera puerta a la que acuden los ciudadanos ante problemas como las consecuencias de un temporal devastador y las que tienen que asumir la primera acción".

Junto a las ayudas extraordinarias ante este tipo de emergencias, o las distribuidas este año entre 563 municipios de menos de 5.000 habitantes para afrontar la crisis sanitaria del covid-19, la Consejería que dirige Juan Marín apoya al municipalismo mediante su participación en el Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), cofinanciando los materiales de los proyectos que ejecutan los ayuntamientos y que "contribuyen a crear empleo y mejorar las infraestructuras y servicios de los vecinos del medio rural".

Con cargo al de 2019, el Ayuntamiento de Las Gabias ha recibido 22.161 euros de la Junta para los materiales de las obras de remodelación en la calle Cuesta Chinos Trevenque el Camino Mocatea. Para Rodríguez, "el PFEA es una herramienta fundamental para luchar contra la despoblación de nuestros municipios, mejorando la vida de quienes los habitan para que no tengan que marcharse".

La convocatoria de 2020 del PFEA, ya en marcha, contará de nuevo con 7,3 millones de euros para la provincia de Granada, la misma cuantía que el año pasado ya que "pedimos al Gobierno de España que incrementara la asignación en un diez por ciento para precisamente en un momento como este poner más recursos para generar empleo en el ámbito rural para aquellos que han perdido su trabajo por la covid, pero no aceptó", ha lamentado Rodríguez. Por ello, la cuantía es la misma que en 2019, cuando sí se incremento en un cinco por ciento tras siete años congelada.

Durante su visita, el delegado también ha abordado con la alcaldesa y la concejal de Cultura, Turismo, Parques y Jardines, Julia Olmos, entre otros miembros del equipo de gobierno local para abordar distintos asuntos vinculados a las competencias de la Consejería y ha destacado la importancia de mantener el contacto directo con cada municipio "para saber de sus inquietudes y necesidades".

Rodríguez, que ha podido conocer algunos de los recursos turísticos de la localidad como el, ha destacado el enclave en el que se localiza, frente al macizo de Sierra Nevada, muy cercano a Granada, a las puertas de la Vega y con el río Dílar y el arroyo del salado, "lo que hace de Las Gabias un lugar especial para visitar". Por ello ha abogado por alianzas entre los municipios del cinturón más próximo a la capital para aprovechar sinergias y ofrecer rutas y productos turísticos que capten al visitante que acude a Granada.

Además, ha añadido, "cuenta con un interesante patrimonio, una rica gastronomía y una amplia oferta deportiva, con un campo de golf con unas vistas inigualables, en definitiva, unos atractivos diversos y de calidad que son clave para los visitantes". Entre ellos, el delegado ha visitado la casa García Benavente y Pisa, que cuenta con una Torre construida en el siglo XIV que actualmente el edificio es de titularidad municipal

En este sentido, el responsable de Turismo de la Junta en Granada ha recalcado "los atractivos con los que cuentan los municipios de interior" y la decidida apuesta de la Consejería con este segmento, "que este verano ha registrado unos datos excelentes", a pesar de la situación provocada por el coronavirus.

Así lo han denunciado desde la Asociación de Madres y Padres del Alumnado Tayarat de este centro educativo, cuyos responsables, según ha informado el Ayuntamiento de Huétor Tájar en una nota de prensa, "señalan que el comedor debería contar con nueve monitores para poder prestar servicio este curso según marca la ley, debido a las necesidades de higiene y distanciamiento social derivadas del coronavirus, pero la Junta solo ha contratado a seis".

Por lo tanto, la dirección del colegio "nos dice que no pueden poner en marcha el comedor -que cuenta con cocina propia, porque no es un catering externo- hasta que la Junta de Andalucía solucione este problema de personal, que está causando graves problemas de conciliación a los más de 200 alumnos del centro que son usuarios del servicio de comedor", ha señalado la concejal de Educación de Huétor Tájar, María Dolores López.

"Aunque el servicio de comedor es responsabilidad de la Junta, desde el Ayuntamiento hueteño mostramos todo nuestro apoyo a la comunidad educativa del colegio San Isidro Labrador, que han enviado dos escritos distintos a la Consejería de Educación denunciando esta situación, sin que les hayan dado ni siquiera una respuesta todavía", ha denunciado la edil.

"Queremos instar a la Junta de Andalucía a que de una vez por todas asuma su responsabilidad y solucione este grave problema en nuestro colegio, porque precisamente este año, cuando debido a la pandemia de coronavirus las familias más necesitan a esta Administración, los han dejado abandonados a su suerte, sin ofrecerles ninguna solución ni alternativa posible", ha finalizado.

Según ha explicado la portavoz adjunta del Grupo Popular en la Diputación de Granada, Carmen Lidia Reyes, en una nota de prensa, el camino de Carlonca "es el único acceso posible a una zona emergente en este momento, en lo referido a la generación de empleo".

En torno a la rambla de Carlonca, se encuentran situadas una serie de explotaciones agrarias y ganaderas, que suponen para la zona "el principal yacimiento de riqueza y fuente de empleo".

"Esta zona se está viendo dañada por la dificultad que supone el acceso a dichas explotaciones, sumado al coste y riesgo que acarrea para la comercialización de los productos agrícolas", ha indicado Reyes.

Por ello, el Grupo popular pedirá al gobierno de la Diputación de Granada, del PSOE, la ejecución de una nueva incorporación del camino de la rambla Carlonca a la carretera autonómica A-4126 que permita "una mayor visibilidad y mejore las condiciones para el acceso a las fincas, así como la incorporación a la carretera de los vehículos que circulen por la zona".

"Todo ello con la intención de mejorar la viabilidad y la competitividad económica de las explotaciones a las que sirve", ha apostillado Reyes, quien ha resaltado que el municipio de Ugíjar, como tantos otros de la zona, se encuentra "amenazado" por el paro, la pobreza y la despoblación.

"Son estas iniciativas agrícolas y ganaderas las que están permitiendo fijar la población al terreno en unas circunstancias nada fáciles, por lo que entendemos que es necesario ese esfuerzo y colaboración por parte de la Diputación de Granada de forma que los vecinos puedan desarrollar sus iniciativas laborales en unas condiciones óptimas", ha aseverado la portavoz adjunta.

"Nos preguntamos por qué el delegado ausente Pablo García, que ahora tiene más tiempo para dedicarle a las labores instituciones y no a los líos internos de su partido, aún no ha contado en qué consiste este plan y cuáles son los criterios que lo sustentan", ha manifestado la secretaria de Política Municipal, Olga Manzano, que ha criticado que esta iniciativa "carezca" de memoria económica.

En una comparecencia informativa junto al parlamentario andaluz socialista Gerardo Sánchez, la secretaria de Política Municipal también ha instado al responsable del Gobierno andaluz a que "salga de su escondite de una vez y resuelva los verdaderos problemas de la ciudadanía".

Desde que comenzó la pandemia, ha señalado la dirigente socialista, "no lo hemos oído hablar sobre las incidencias que caracterizan el inicio de curso escolar, ni sobre el caos sanitario o la situación que atraviesa la atención primeria".

Pero tampoco, ha precisado, "hemos oído a Pablo García dar una explicación sobre los contagios en las residencias de mayores o en el Hospital Virgen de las Nieves u ofrecer una solución para resolver las carencias en materia de transporte interurbano de la provincia".

"Es más, ni siquiera se ha sentado" con los alcaldes que "le han pedido amparo y que mediara para que la Consejería de Educación no les pidiera que asumieran en solitario la desinfección de los centros escolares", ha subrayado durante su intervención, tras lamentar su "nulo" interés por la realidad que vive la provincia en este momento.

Así las cosas, para la dirigente socialista, sería conveniente que García "pusiera los pies en el suelo y se diera un baño de realidad y de camino detallara los criterios que el plan Andalucía en Marcha contempla para que la provincia vuelva a la senda de crecimiento".

"Queremos saber por qué contemplan unas actuaciones y otras no, por qué se han recogido obras que ya estaban incluidas en presupuestos anteriores, por qué se han excluido algunas de las grandes promesas del PP y del Gobierno andaluz para Granada y por qué no se han primado los proyectos sanitarios o educativos que son las más relacionadas con la pandemia y donde hace aguas la gestión de la Junta, entre otras cuestiones relevantes", se ha preguntado.

"Desde el PSOE consideramos que este plan es un mero listado de actuaciones con el que pretenden tapar las consecuencias de los recortes y las nefastas políticas de las derechas del Gobierno andaluz", por lo que ha insistido en la necesidad de que la Junta arroje "claridad".

Por su parte, el parlamentario andaluz Gerardo Sánchez ha calificado de "fraude" el plan Andalucía en Marcha, al "no estar respaldado" por una memoria económica que detalle la financiación, la cuantía exacta de cada actuación o los plazos e inicio de las obras, entre otros aspectos.

"No se puede calificar como plan un anuncio de obras, un acto propagandístico montado a lo grande que no tiene detrás nada con qué sustentarlo", ha dicho Sánchez para denunciar que la Junta tenga previsto invertir 900 millones de euros al año en Andalucía, "poco más de cien millones de euros para la provincia, hasta 2023. Un hecho preocupante y una partida insuficiente, toda vez que no se contempla ni un solo euro dentro del marco de colaboración público-privado".

Según ha concretado, lo "realmente sorprendente" es que figuren obras que ya están en marcha como la carretera de Loja-Ventorros, "adjudicada y en obras desde 2018 gracias al impulso del anterior Gobierno socialista"; o la ampliación de la Estación de Depuración de Aguas Residuales Los Vados, "en la que se está trabajando desde hace semanas".

"Lo tercero que nos escandaliza es que el Gobierno de Moreno Bonilla se haya olvidado de muchas actuaciones de las que el propio PP habla y promete y no aparecen en este plan, caso del hospital comarcal de Órgiva o el área logística de Motril.

Sánchez ha lamentado que "desaparezcan" obras importantes para la provincia. Es un "varapalo para los intereses de nuestra tierra, que contrasta con la acción del Gobierno de España para hacer efectiva" la llegada de la Alta Velocidad a Granada y "la adaptación de la vía a su paso por Loja para contar con un AVE de verdad".

Ha destacado también el compromiso del Ejecutivo con "la creación del consorcio del acelerador, proyecto al que recientemente ha destinado 16,3 millones; el impulso a la Línea Caparacena-Baza-La Ribina o destinando los primeros 50 millones de euros a las canalizaciones de Rules".

Por último, ha confiado en que, "al margen de gestionar la crisis que atraviesa el PP a nivel provincial y de coquetear con la ultraderecha de Vox", su nuevo presidente, Francisco Rodríguez, "saque un momento para reclamar inversiones y actuaciones" para los granadinos. "Así se lo exigimos porque esta provincia y su gente lo necesita y lo merece", ha concluido.

El informe recoge las interrupciones de suministro eléctrico que han registrado estas entidades a través de la página web 'nomascortesgranada.org' desde el 6 de abril hasta el 6 de septiembre de este año en el distrito Norte, según han informado en una nota de prensa en que consideran que esta cifra representa "un tercio de las que realmente se producen" según su estimación.

Como anuncian en el propio informe, "el objetivo es visibilizar y aunar en un único recurso a disposición de la ciudadanía los cortes diarios de luz que sufre distrito Norte desde hace más de diez años".

De esta manera, en estos primeros cinco meses han documentado un total de 422 cortes de suministro, aunque estiman que "se han producido al menos 1.200".

Esta diferencia tiene que ver con las limitaciones del estudio, ya que, tal y como reconocen, "hay muchos cortes de luz que no logramos registrar porque no nos informan o porque la información que nos dan es incompleta y no permite que sea introducida en nuestra base de datos".

No obstante, en cuanto a los datos registrados advierten que "si se suma la duración de todas las interrupciones de suministro eléctrico que hemos registrado en estos meses, las calles del distrito Norte han permanecido sin luz 2.076 horas o, lo que es lo mismo, 86 días o casi tres meses".

Además, aunque la duración de los cortes es variada, el 15 por cientos de los mismos (66 interrupciones) es de más de diez horas, y se han llegado a producir "al menos dos cortes de 58 horas".

El trabajo incide en que "la calle Molino Nuevo ha sufrido cortes de luz el 42 por ciento de los días", y las ONG afirman saber "fehacientemente que el porcentaje es mayor por la información ofrecida por colectivos de la zona".

Han remitido este informe a todas instituciones que forman parte de la mesa técnica contra los cortes de luz. Entre ellas, se encuentran el Defensor de la Ciudadanía, el Ayuntamiento de Granada, el Defensor del Pueblo Andaluz o la Subdelegación del Gobierno. Por último, también han enviado el documento a Philip Alston, Relator especial de la ONU para la pobreza extrema.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes consultadas en la Policía Local de Granada, que han señalado que la actuación de mayor envergadura tenía lugar el pasado sábado cuando hubo de desalojar una fiesta por la celebración de un bautizo y una comunión en un cortijo del entorno de la Vega con 270 asistentes sin mascarillas.

El viernes por la noche, la Policía Local atendió más de 160 requerimientos ciudadanos solicitados a través de los teléfonos de emergencias 092 y 112, principalmente por fiestas y ruidos en domicilios y botellones en la vía pública.

Por fiestas en viviendas interpuso nueve denuncias, y se hizo lo propio, además de por los cuatro botellones señalados, con un establecimiento de ocio nocturno, de un total de 290 controlados, "por incumplimiento del horario de cierre, ya que se encontraba abierto al público y con clientes en su interior a las 1,40 horas", lo que contraviene la normativa de la Junta para frenar la propagación del coronavirus.

Ya el sábado en la noche, las denuncias de la Policía Local ascendían, tras la recepción de 201 requerimientos telefónicos en el 092. Se derivaron de estas llamadas un total de 111 servicios.

Hubo 266 establecimientos controlados, nueve denuncias por no hacer uso de la mascarilla, además de las 31 citadas por botellón, y de tres establecimientos, uno por carecer de licencia de actividad y dos bazares por vender alcohol fuera del horario permitido.

Las denuncias por fiestas y ruidos en domicilios ascendieron a 19 el pasado sábado por la noche. Sobre esta problemática, en un momento en que las administraciones estudian nuevas acciones para frenar la propagación de la pandemia de covid-19, se ha pronunciado este lunes el PSOE en el Ayuntamiento de Granada.

EL PSOE PIDE UN PLAN ANTIBOTELLÓN

En este sentido, el PSOE ha exigido al equipo de gobierno, de PP y Cs, la elaboración inmediata de un plan para controlar los botellones tras otro fin de semana de "descontrol en las calles de Granada, y sobre todo en pisos particulares".

La viceportavoz del grupo municipal socialista Raquel Ruz ha acusado al gobierno del alcalde de Granada, Luis Salvador, "de mirar para otro lado, y no asumir sus competencias en plena emergencia sanitaria, además de permitir que se relajen las medidas de prevención en espacios públicos".

La edil ha detallado que la situación "es alarmante", y ha apuntado a que todas las llamadas a la Policía Local "lamentablemente no pueden ser atendidas por la falta de efectivos". Para la edil socialista, la situación "está tan descontrolada que espera que en los próximos días se pueda establecer un plan especial de contención de botellones, con dispositivos similares a los especiales que se hacen en Semana Santa, Navidad o Corpus".

En un comunicado, esta plataforma ha calificado de "actitud irresponsable y sectaria" la del gobierno municipal, de PP y Cs, que sacó adelante en el Pleno del pasado viernes los festivos locales de 2021 para el Día de la Toma, y el Corpus Christi, el 3 de junio.

Para Granada Abierta, mantener como festivo el 2 de enero "favorece el avance de la extrema derecha y daña la imagen exterior de la ciudad", pues "los grupos de ultraderecha consideran el Día de la Toma como su nuevo 18 de julio, que utilizan para hacer islamofobia contra la comunidad inmigrante".

Por tanto, según esta plataforma, "el 2 de enero, Granada deja de ser una ciudad intercultural, para convertirse en capital de la intolerancia". Así, a su entender, "por dignidad política y coherencia democrática, el gobierno municipal tiene la obligación moral de cambiar esta fiesta excluyente por otra que fomente los valores de convivencia y solidaridad, y en la que pueda participar toda la ciudadanía granadina".

En este sentido, Granada Abierta se ha congratulado del voto de Podemos-IU en el Ayuntamiento de Granada, "favorable a cambiar la Toma por Mariana Pineda", y ha lamentado la posición del grupo municipal del PSOE que, "un año más, ha contribuido a mantener esta fiesta racista y xenófoba, impropia del socialismo democrático que dice representar".

Así consta en un bando, emitido por la alcaldesa, Rosana Molina, el pasado jueves, y que sigue vigente, después de que, según indicó la regidora al municipio en su cuenta de Facebook, consultada por Europa Press, se sumaran este domingo seis nuevos positivos en una de las familias confinadas desde el pasado viernes, todos asintomáticos y en cuarentena.

Las otras dos familias que estaban confinadas por el brote que afecta a Zafarraya dieron negativo en las pruebas que se les practicaron. Los datos de Salud y Familias facilitados por el Instituto Andaluz de Estadística y Cartografía tiene contabilizados en Zafarraya 12 casos confirmados por PCR, diez de ellos en los últimos 14 días, lo que supone una tasa de incidencia acumulada de 467,9 (por cada 100.000 habitantes). Consta un curado, sin fallecidos.

El bando también mantiene suspendidas las actividades deportivas y el mercadillo, y prohibido el uso de los parques infantiles, y las dependencias del Ayuntamiento, que ha reforzado las labores de limpieza y desinfección, están cerradas al público

En Zafarraya, el Ayuntamiento y el equipo directivo del colegio Enrique Tierno Galván pidieron hace una semana a las familias que no llevaran a los niños al colegio por un brote intrafamiliar de covid-19 con siete positivos, una petición que el Consistorio vuelve a explicitar en el bando por el que pide el autoconfinamiento voluntario de la población.

Así lo ha señalado en una nota de prensa la vicepresidenta tercera de la Diputación y diputada provincial de Bienestar Social, Olvido de la Rosa, quien ha agregado que los "recortes" del Gobierno andaluz "impiden" a las entidades locales desarrollar programas dirigidos a los sectores más vulnerables de la población.

Según de la Rosa, las subvenciones permitían a la Diputación de Granada y a los ayuntamientos desarrollar un programa de refuerzo de los Servicios Sociales Comunitarios para la intervención e integración social de la población inmigrante.

Desde hace años, el citado programa "ha estado cofinanciado por la Junta de Andalucía, a través de las convocatorias anuales de subvenciones", pero este año, la Administración autonómica "ha suprimido esas subvenciones", ha señalado.

Ha indicado que no se trataba de grandes cantidades. En 2018, la Diputación solicitó a la Junta más de 90.200 euros para desarrollar ese programa, al que la Junta tan solo destinó 19.280 euros, frente a la aportación de la Diputación, superior a los 23.000 euros.

En 2019, la cantidad aportada por la Junta de Andalucía fue similar (18.300 euros) y la Diputación aportó 22.961. "Este año, en la orden reguladora de subvenciones de la Junta del pasado 30 de agosto, la partida destinada a programas se queda en cero euros y los únicos fondos que destina el Gobierno andaluz para personas inmigrantes y emigrantes temporeras andaluzas y sus familias asciende a 50.000 euros para equipamiento", ha precisado.

"El programa que el Gobierno andaluz se ha negado a financiar este año tiene como objetivo reforzar el equipo de intervención social de la red de Servicios Sociales Comunitarios en el Centro de la Costa por tratarse de la zona que aglutina más población inmigrante", ha afirmado la diputada de Bienestar Social.

El Centro de Servicios Sociales Comunitarios de la Costa comprende los municipios de Salobreña, Lobres, Molvízar, Jete, Lentejí, Otívar, Los Güájares, Ítrabo, Vélez Benaudalla, Torrenueva, Albuñol, Polopos-La Mamola, Rubite, Lújar, Carchuna-Calahonda y Gualchos-Castell de Ferro.

El Programa de Refuerzo de los Servicios Sociales Comunitarios para la intervención e integración social con población inmigrante que se ha venido desarrollando incluye acciones de asistencia social y jurídica, reagrupación familiar, gestión de la asistencia jurídica gratuita, empadronamiento normalizado y por omisión; acciones encaminadas al arraigo social y laboral y otras actuaciones dirigidas a lograr la plena escolarización de los hijos de los inmigrantes en edad escolar así como de sus progenitores en educación de adultos.

Además, el programa trata de promocionar la integración laboral de esta población para conseguir su incorporación en el mercado de trabajo, así como promover el alojamiento normalizado y en aceptables condiciones de habitabilidad, potenciar la participación social de los inmigrantes en las diferentes actividades culturales, sociales y de desarrollo comunitario de la zona donde se encuentran conviviendo y lograr una convivencia intercultural normalizada evitando actitudes de rechazo, racismo y xenofobia.

"En definitiva, se trata de un programa dirigido a la prevención de situaciones de exclusión social y pobreza y a fomentar los valores de cooperación, solidaridad, democracia y actitudes tolerantes", ha señalado De la Rosa.

En este sentido, ha afirmado que es necesario reforzar los programas dirigidos a la prevención de situaciones de vulnerabilidad y desarrollar actuaciones específicas orientadas a minorías étnicas e inmigrantes, bajo la perspectiva de la diversidad cultural.

"La integración es un tema que afecta a la sociedad en su conjunto", ha agregado. En su opinión, es necesario realizar esfuerzos, tanto por parte de los inmigrantes como de la población autóctona para lograr conseguir una verdadera cohesión social.

De la Rosa, que ha destacado el papel de las entidades locales para favorecer esa cohesión y la inclusión social, ha indicado que la Diputación va a continuar con esta importante tarea, aún sin el apoyo económico de la Junta de Andalucía que, curiosamente, "está dejando sin financiación los programas dirigidos a los colectivos más vulnerables".

Así, ha resaltado que ya el pasado año redujo en un 65,2 por ciento la cuantía de las subvenciones destinadas a los programas de atención a la comunidad gitana, que descendió de los 23.000 euros de 2018 a 7.901 euros en 2019. "No sabemos lo que harán con esa línea de subvenciones este año, pero nos tememos lo peor visto que el compromiso de las derechas que gobiernan en Andalucía con las políticas sociales y de igualdad consiste en suprimir y recortar los fondos que los ayuntamientos han tenido para desarrollar programas de integración", ha añadido.

La diputada de Bienestar Social ha señalado que, además de la cofinanciación del programa para la atención de personas inmigrantes, la Diputación viene prestando un servicio jurídico especializado de extranjería en la provincia a través de un contrato de colaboración con Granada Acoge, servicio que incluye acciones de información y orientación sobre los recursos sociales existentes y atención especializada a personas inmigrantes en asuntos jurídicos en materia de Extranjería así como apoyo a la población inmigrante en el desenvolvimiento burocrático.

Por su parte, la alcaldesa de Albuñol, María José Sánchez, ha señalado que estos recortes son "un varapalo más de la Junta de Andalucía, que se olvida de estos territorios". Sánchez ha recordado que en su municipios casi el 40% de la población es inmigrante, y que, con su decisión, "la Junta obliga al municipio a asumir a través de fondos propios un servicio esencial para la ciudadanía". "Una vez más la Junta de Andalucía vuelve a a dejar solos a los ayuntamientos", ha insistido.

Concretamente, tal y como ha informado el máximo responsable municipal durante la firma del acuerdo, los escolares de más de 300 familias en situación de vulnerabilidad de los distritos de Beiro, Ronda y Centro contarán con apoyo pedagógico, a la vez que se les dotará de los medios necesarios, "ya sea conexión a Internet o la entrega de dispositivos electrónicos, de tal manera que puedan afrontar sin problemas el acceso a las nuevas tecnologías".

Informan en una nota de que con un importe de 15.000 euros y dentro del Plan de Atención Integral a Colectivos Vulnerables, el convenio tiene por objeto "atender las necesidades de equipos y medios informáticos a los menores pertenecientes a familias en situación de necesidad y que sean usuarias de los Servicios Sociales municipales", a la vez que se les proporcionará apoyo educativo a aquellos alumnos con dificultades en el aprendizaje.

Salvador ha destacado igualmente "el esfuerzo y la rapidez con la que desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Granada estamos dando respuesta a las necesidades generadas por esta crisis sanitaria entre las personas más vulnerables de nuestra ciudad".

Tras resaltar que la "velocidad inusitada" con la que la presente crisis sanitaria está afectando a la economía mundial, el alcalde ha indicado que el encomiable esfuerzo con el que los servicios sociales comunitarios están atendiendo, "no sólo a las personas más vulnerables, sino también desde el Ayuntamiento de Granada estamos dando respuesta a un gran número de necesidades sobrevenidas en la población más normalizada".

En este sentido, Zafra ha reiterado el compromiso de la Fundación La Caixa y de CaixaBank con Granada, con especial atención a los colectivos más vulnerables, a los que, tal y como ha indicado, "seguiremos dando respuestas a sus necesidades básicas a través de programas sociales, educativos, culturales, científicos y medioambientales, con una vocación transformadora, dirigidos a construir una sociedad mejor y más justa".

A su vez, dentro del citado convenido, se contempla la entrega entre los alumnos granadinos de lotes de material escolar en colaboración con el Ayuntamiento, atendiendo a las distintas edades de los alumnos y a las necesidades de los colectivos beneficiarios de esta acción.

Según una nota de Guardia Civil, los hurtos se produjeron entre el día 11 de septiembre y la madrugada del día 12, cuando los jóvenes investigados, a lo largo de ese día, en sus correrías por la localidad de Otura encontraron, al menos, cuatro coches abiertos y sustrajeron cuanto de valor había dentro: un gps, un botiquín, una navaja, baterías para teléfonos móviles, dos carteras con la documentación personal de las víctimas, una tarjeta de crédito y 570 euros.

En una de las carteras sustraídas había una tarjeta de crédito con la que los jóvenes aprovecharon que no es necesario poner el PIN de seguridad para hacer compras inferiores a los veinte euros y realizaron varias compras en un establecimiento de la localidad.

La Guardia Civil de Armilla al día siguiente comenzó a recibir a las víctimas que querían denunciar el hurto que habían sufrido. Los agentes del Área de Investigación se hicieron cargo de las pesquisas y averiguaron dónde habían realizado las compras con la tarjeta sustraída y tras revisar las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del establecimiento, con la ayuda de un policía local de Otura. Identificaron a los tres jóvenes sospechosos.

La Guardia Civil ha localizado a los jóvenes y solo ha podido recuperar lanavaja hurtada en uno de los coches.

En un comunicado, la socialista ha avanzado que los vecinos han solicitado una cita con el equipo de gobierno para trasladarle la situación, "pero no han recibido respuesta". Para la edil, "es lamentable la situación del barrio y la parálisis de equipo de gobierno, máxime cuando hablamos de uno de los barrios más históricos de la ciudad, y con las mejores vista del Albaicín".

Ruz ha apuntado que "nos hemos encontrado un barrio abandonado a la suciedad que ya suele ser habitual en nuestra ciudad, a lo que se le une matorrales por falta de mantenimiento que alcanzan casi el metro de altura". En este sentido, se ha referido a la falta de conservación de los pavimentos, con grandes hoyos, que supone un peligro para los viandantes y reiteramos, una suciedad alarmante".

La dirigente socialista ha explicado que los vecinos no pueden dormir "por esa proliferación de botellones, que desde hace más de un año no están siendo controlados, por la falta de presencia policial en la calles".

Al respecto, ha condenado "el estado del barrio" y ha exigido que de manera inmediata el equipo de gobierno de Luis Salvador disponga un plan de recuperación de nuestro patrimonio, pero, sobre todo, de un barrio tan especial como es este, donde los vecinos tienen el derecho a poder descansar, y convivir con servicios de mantenimiento y limpieza".

Para concluir, Ruz ha pedido a Salvador que reciba a los vecinos, escuche sus quejas, "y tome medidas urgentes, al igual que tiene que hacer en el resto de barrios, con graves deficiencias por la dejadez que padecen desde hace un año".

Según ha apuntado su director gerente, Joaquín Rubio, en un comunicado, la corporación considera que "los desempleados mayores de 45 años no pueden quedarse al margen de la transformación digital que han de acometer las empresas granadinas, lo que además mejorará su acceso a nuevos puestos de trabajo".

El proyecto, denominado PICE 45+, es una continuidad del exitoso Programa de Cualificación y Empleo de la Cámara, dedicado a jóvenes menores de 30 años, y por el que han pasado más de 3000 chicos y chicas a lo largo de los últimos cuatro años.

"Vamos a poner toda la experiencia que hemos adquirido trabajando con jóvenes y pulsando las necesidades de las empresas granadinas, al servicio de un sector de población, los desempleados mayores de 45 años, a los que la crisis del Covid-19 les afecta mucho y que pueden encontrar dificultades para reengancharse al mercado laboral", ha apuntado Rubio.

Por lo pronto, Cámara Granada lanzará cursos orientados a la mejora de las competencias digitales de ese colectivo, "puesto que todas nuestras prospecciones del mercado laboral nos indican que es una de las grandes deficiencias de ese prefil de trabajadores".

Los cursos, completamente gratuitos, tendrán dos niveles de profundidad y serán de 50 horas el básico y de 100 horas el avanzado. Cámara Granada los programará en su sede, en Granada capital, pero en estos momentos está en conversaciones con distintos ayuntamientos de la provincia al objeto de replicarlos en distintas comarcas "para hacerlos más accesibles a todos los granadinos".

Los contenidos de estos programas formativos irán desde el uso de herramientas digitales para elaboración y envío de currículos, y en general para la mejora de la empleabilidad, hasta el dominio de los habituales paquetes ofimáticos, pasando por el manejo y monitorización de las redes sociales o de las herramientas de diseño, elaboración o gestión de blogs y webs.

"Desde todas las instancias les estamos diciendo a las PYMES que tienen que adoptar procedimientos y herramientas digitales. Por eso manejarlas y desenvolverse con eficacia en esos entornos es indispensable para cualquier trabajador, casi en cualquier sector", ha señalado el director gerente de Cámara Granada.

"Los trabajadores más jóvenes dominan más esas competencias por lo que este programa intentará equipar a los mayores de 45 años, ayudándoles a adquirir esos conocimientos", ha concluido Rubio. La información sobre los cursos del PICE45+ está ya disponible en camaragranada.org.

En una nota de prensa, los diputados nacionales del PP de Granada Carlos Rojas y Pablo Hispán han advertido que dicha cifra "prueba que el PSOE ha hecho una campaña a bombo y platillo pero a la hora de la verdad es incapaz de ejecutar las medidas aprobadas".

Así, exigen al Ejecutivo socialista "más sensibilidad con quienes lo están pasando mal" y han trasladado que reclamarán información en el Congreso de los Diputados sobre los motivos por los que esta medida "lejos de ser efectiva" se ha "enquistado" y "el 90 por ciento de las solicitudes no han sido atendidas".

En esta línea, solicitarán datos concretos para conocer "cuántas familias granadinas han podido acceder al mismo, cuál es el dato desagregado en todos los municipios de la provincia y qué porcentaje representan de entre el total de los solicitantes".

Todo ello en el contexto de la acción llevada a cabo por el Partido Popular a nivel nacional respecto a este tema, en virtud de la cual han exigido la comparecencia de José Luis Escrivá porque dicha medida "ha pasado de ser el proyecto estrella del Gobierno a ser su proyecto estrellado".

"DOBLE VARA DE MEDIR DE PSOE Y PODEMOS"

Igualmente, el PP de Granada trasladó el pasado viernes esta cuestión al Ayuntamiento de la capital "donde PSOE y Podemos han quedado retratados votando en contra de la moción presentada para el grupo municipal del PP para exigir al Gobierno mayor agilidad en la tramitación y resolución del IMV así como el número de solicitudes atendidas en Granada".

La iniciativa, a pesar de PSOE y Podemos, ha salido adelante y se ha constatado que "esa es la doble vara de medir del socialismo y los populistas, mucha pancarta pero a la hora de la verdad se pliegan a los intereses de su partido y votan en contra de defender a quien más lo necesita".

Los diputados granadinos también reclamarán al Ejecutivo socialista conocer "cuál es el montante total de ayudas a trabajadores autónomos efectivamente desembolsado hasta la fecha en la provincia de Granada, en el marco del ámbito normativo desplegado para combatir los efectos de la situación generada por la Covid-19", además del número de autónomos que habrían recibido estas ayudas.

Tal y como ha aseverado Rojas, "el Gobierno de Sánchez ha alardeado desde el inicio de la pandemia de velar porque nadie se quede atrás pero los datos demuestran que sus discursos no se sostienen por falta de correspondencia con los hechos".

El diputado ha incidido también en que desde su formación, "advertimos y reclamamos al Gobierno que la puesta en marcha del IMV requería el refuerzo de medios y personal para evitar el colapso burocrático que hoy lamentamos". "Pero lejos de hacernos caso, el PSOE ha dedicado sus esfuerzos, como siempre, al marketing y las fotos; lo que ha derivado en un colapso administrativo que hace que las ayudas no lleguen tal y como fueron anunciadas", ha agregado.

"Desde el PP ya le advertimos que, para poner en marcha este plan, había que reforzar medios y personal", ha añadido Hispán, quien ha considerado que "la falta de gestión y organización del Gobierno de Sánchez respecto a la tramitación del IMV es tan grande que las ayudas no llegan como fueron anunciadas". "Ya sabemos que el PSOE es un experto en el autobombo pero es indecente que se centren en sus campañas de fotos y marketing cuando hay familias que lo están pasando mal, menos propaganda y más rigor y eficacia en la gestión", ha declarado.

Según explica la edil en un comunicado, una lámpara funciona una media de 4.300 horas al año, teniendo mayor desgaste durante la noche. Cuando las lámparas superan su vida útil, es decir, cuando su flujo luminoso desciende por debajo del 80 por ciento, es necesario proceder a su renovación motivo por el cual se ha activado esta reposición programada.

"Nos vamos a centrar especialmente en las vías públicas de mayor densidad de tráfico y en las calles donde se detectan niveles bajos de iluminación", ha dicho Martín, quien ha agregado que "estos trabajos se complementan con la limpieza de los reflectores y los cristales lo que, en su conjunto, supone "un aumento de los niveles de iluminación de las vías urbanas de hasta el 30 por ciento así como la reducción de fallos por lámparas apagadas".

El importe económico de los trabajos asciende a 68.225,16 euros y se dividen en los ocho distritos de Granada atendiendo a las peticiones realizadas por las asociaciones de vecinos. Así, en esta reposición se va a proceder a la sustitución de 534 lámparas en Beiro, 236 en Centro, 46 en Chana, 136 en Genil, 64 en Norte, 201 en Ronda y 366 en Zaidín.

No obstante, la concejal de Mantenimiento ha asegurado que el Ayuntamiento continuará realizando trabajos de reposición según se detecten zonas que así lo requieran así como para dar respuesta a las peticiones ciudadanas.

"Este equipo de gobierno escucha a los vecinos y gracias a esta relación fluida, el área de Mantenimiento trabaja cada día en la mejora de la ciudad de Granada", ha dicho Martín, quien ha recordado que los granadinos tienen múltiples vías para ponerse en contacto con el Ayuntamiento. Entre otras, ha destacado el papel de las Juntas de Distrito como vías de comunicación pero también la app Granada Mejora o el teléfono 010 siempre al servicio de las reivindicaciones ciudadanas.

En una visita, la alcaldesa de Las Gabias, María Merinda Sádaba, ha explicado al delegado de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta en Granada, Gustavo Rodríguez, que con estos recursos se han reparado las canalizaciones de agua y acequias dañadas.

Rodríguez ha conocido los trabajos realizados con estos fondos con los que la Junta de Andalucía quiso colaborar con las entidades locales "al ser la primera puerta a la que acuden los ciudadanos ante problemas como las consecuencias de un temporal devastador y las que tienen que asumir la primera acción".

Junto a las ayudas extraordinarias ante este tipo de emergencias, o las distribuidas este año entre 563 municipios de menos de 5.000 habitantes para afrontar la crisis sanitaria del covid-19, la Consejería que dirige Juan Marín apoya al municipalismo mediante su participación en el Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), cofinanciando los materiales de los proyectos que ejecutan los ayuntamientos y que "contribuyen a crear empleo y mejorar las infraestructuras y servicios de los vecinos del medio rural".

Con cargo al de 2019, el Ayuntamiento de Las Gabias ha recibido 22.161 euros de la Junta para los materiales de las obras de remodelación en la calle Cuesta Chinos Trevenque el Camino Mocatea. Para Rodríguez, "el PFEA es una herramienta fundamental para luchar contra la despoblación de nuestros municipios, mejorando la vida de quienes los habitan para que no tengan que marcharse".

La convocatoria de 2020 del PFEA, ya en marcha, contará de nuevo con 7,3 millones de euros para la provincia de Granada, la misma cuantía que el año pasado ya que "pedimos al Gobierno de España que incrementara la asignación en un diez por ciento para precisamente en un momento como este poner más recursos para generar empleo en el ámbito rural para aquellos que han perdido su trabajo por la covid, pero no aceptó", ha lamentado Rodríguez. Por ello, la cuantía es la misma que en 2019, cuando sí se incremento en un cinco por ciento tras siete años congelada.

Durante su visita, el delegado también ha abordado con la alcaldesa y la concejal de Cultura, Turismo, Parques y Jardines, Julia Olmos, entre otros miembros del equipo de gobierno local para abordar distintos asuntos vinculados a las competencias de la Consejería y ha destacado la importancia de mantener el contacto directo con cada municipio "para saber de sus inquietudes y necesidades".

Rodríguez, que ha podido conocer algunos de los recursos turísticos de la localidad como el, ha destacado el enclave en el que se localiza, frente al macizo de Sierra Nevada, muy cercano a Granada, a las puertas de la Vega y con el río Dílar y el arroyo del salado, "lo que hace de Las Gabias un lugar especial para visitar". Por ello ha abogado por alianzas entre los municipios del cinturón más próximo a la capital para aprovechar sinergias y ofrecer rutas y productos turísticos que capten al visitante que acude a Granada.

Además, ha añadido, "cuenta con un interesante patrimonio, una rica gastronomía y una amplia oferta deportiva, con un campo de golf con unas vistas inigualables, en definitiva, unos atractivos diversos y de calidad que son clave para los visitantes". Entre ellos, el delegado ha visitado la casa García Benavente y Pisa, que cuenta con una Torre construida en el siglo XIV que actualmente el edificio es de titularidad municipal

En este sentido, el responsable de Turismo de la Junta en Granada ha recalcado "los atractivos con los que cuentan los municipios de interior" y la decidida apuesta de la Consejería con este segmento, "que este verano ha registrado unos datos excelentes", a pesar de la situación provocada por el coronavirus.